"En marzo de 2019, el Ayuntamiento de Manuela Carmena aprobó un plan especial municipal que obligaba a que existiera un acceso independiente de las
viviendas turísticas a la calle, lo que ilegalizaba la práctica totalidad de las mismas.
Sin embargo, la regulación nunca ha llegado a aplicarse de manera generalizada y el Ayuntamiento actual ha pospuesto tomar una decisión al respecto hasta que se resuelvan los numerosos contenciosos judiciales en su contra."
El Ayuntamiento de la capital dice que aunque la justicia dice que el Plan de Carmena para las viviendas turísticas "es legal" en la práctica ha sido "completamente ineficaz", y precisa que "desde su entrada en vigor, las VUT pasaron de 8.000 a 14.000, lo que demostró que la prohibición de facto no solo no ha solucionado nada, sino que lo ha agravado al condenar esta actividad a la clandestinidad".