El problema del proyecto de ley no es el tema de pagar impuestos, esto es una obligación que siempre ha existido para los anfitriones y es no sólo lógica sino justa. El problema es que crea injusticias como por ejemplo obliga a que TODAS las casas, cuartos, etc. que sean alquilados por plataformas como Airbnb sean completamente accesibles para personas con discapacidad (Ley 7600) y a los hoteles sólo se les obliga a que un porcentaje de sus habitaciones sea accesible. Definitivamente no es un trato igualitario en relación a los hoteles, y pretender exigir esto, es básicamente eliminar el hospedaje no tradicional. En relación a este tema la Procuraduría externó: "La disposición indicada puede constituir un desestímulo para la actividad de hospedaje no tradicional. Debe recordarse que, a la luz del propio proyecto de ley, las instalaciones dedicadas a esta actividad son viviendas, apartamentos, bungalós, villas, chalés, cuartos, entre otros, que no siempre destinadas al hospedaje como fin principal."
